Se eligió esta fecha por las acciones militares llevadas a cabo el 24 de marzo de 1976 para sustituir el gobierno de Isabel Martínez de Perón, primera presidenta mujer de la Argentina, durante cuyo mandato se firmó el decreto 261/75, el 5 de febrero de 1975, aprobado por el Congreso nacional; o sea, dos años antes de que ordenara al Ejército argentino efectuar las acciones necesarias para neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos, ya dueños, en ese momento, de una provincia como Tucumán.
La primera pregunta que cualquier persona en su sano juicio y sin tomar partido en ideologías políticas se hace es: El 24 de marzo de 1976, los militares, ¿se levantaron, ese día, todos borrachos y se pusieron de acuerdo para matar y secuestrar a jóvenes idealistas, como hoy se quiere llamar a los ex guerrilleros?
La segunda pregunta a hacerse cada uno es: ¿Por qué o cuáles fueron las causales por las cuales un gobierno constitucional, redactó dicho decreto, dos años antes? ¿También se levantaron todos borrachos, al igual que los militares dos años después? ¿O existía una situación de extrema urgencia y de necesidad imperiosa de restablecer el orden interno en el país, después de contar más de 21.000 actos de violencia guerrillera a través de organizaciones armadas (Montoneros, ERP), con muertes de niños, mujeres embarazadas, conscriptos, policías y miembros de seguridad, mediante colocación de bombas, asaltos, secuestro, etc.?
Y acá me voy a detener en que, ante tantos homenajes a desaparecidos, me causa pena que nadie tenga en cuenta a jóvenes que estaban cumpliendo con el deber de defender a la Patria y también eran idealistas, porque también tenían familia e ideales de un futuro mejor, tronchados por mentes diabólicas y asesinas.
Es bueno que la juventud actual sepa que todo empezó mucho antes: ya en el gobierno de Juan Perón existían presos guerrilleros, a los que, en mayo de 1973, el presidente Cámpora puso en libertad y que, a la muerte de Perón, en 1974, se agravó la lucha entre las AAA de López Rega, funcionario de Isabel Martínez de Perón, presidenta en esa época, y la izquierda guerrillera.
Nuestro país padece de un mal endémico, que es la amnesia, desde hace décadas y eso, sumado al hecho de la memoria selectiva, nos lleva al consciente colectivo de que mucha gente "se haya olvidado" y, curiosamente, otra generación que no la vivió, por haber nacido después, hoy tome partido por uno u otro bando, registrando lo que más le impactó, pero pocos saben, en el presente, que el puntapié inicial de esta represión que tanto circula en la actualidad por los estrados judiciales fue dado por un gobierno constitucional y peronista.
Y aquí otra pregunta: ¿Por qué nunca se llamó a los estrados judiciales a los firmantes de aquel decreto y los políticos de aquella época? Simple: porque fue mucho más fácil, para los políticos, deslindar responsabilidades y lavarse en las aguas del Jordán, como dice la Biblia, situando toda la acción antiguerrillera a partir del 24 de marzo de 1976.
La verdad, a veces, es una verdad a medias, cuando es empujada por intereses políticos o monetarios y produce que se grabe en la memoria colectiva de los ciudadanos una mentira o una verdad juzgada.
Se discuten, hasta el día de hoy, los procedimientos. En eso no existe objeción alguna. Respeto a la izquierda y a la derecha y a cualquier corriente política, siempre que los que la ostenten sean buenas personas y con interés en la Nación y no en el bolsillo.
La señora presidenta de los argentinos amenazó a los señores jueces de la Nación que si no se apuraban con los juicios de lesa humanidad a los militares, iba a recurrir a la corte penal internacional.
Hágalo, señora presidenta, hágalo, porque, interiormente, usted sabe que no lo hará, porque no le conviene hacerlo. No es más que una bravuconada. Porque allí le van a recordar que, en el Estatuto de Roma, que su gobierno firmó, los delitos de lesa humanidad alcanzan tanto a los gobiernos como a las organizaciones guerrilleras de su país (Montoneros, ERP, etc.) y que no tiene vigencia hacia atrás, sino a partir de su promulgación; o sea, en el año 2002, y que nadie puede ser perseguido por actos anteriores a su vigencia.
Pero tanto Ud. como su esposo, anterior presidente de este país, por ser personas de derecho y jurado defender, al graduarse, el mismo y la Constitución, deben haber estudiado en alguna universidad antiderecho y anticonstitucional, porque siempre trataron de no respetar la Constitución y las leyes y siempre buscando caminos alternativos llenos de vicios, apoyados por una Corte adicta, que cambió el Tratado de Roma a su conveniencia, dictando que, para los guerrilleros, el mismo no es de lesa humanidad y que, por lo tanto, no se los puede juzgar, y un Poder Legislativo que se transformó en escribanía del gobierno.
Otra pregunta: y esto, ¿por qué? Porque en la Corte hay miembros que figuraron desaparecidos, cobraron la indemnización de 270.000 dólares que nunca devolvieron al aparecer con vida. Y, además, el procurador nacional o jefe de los fiscales del país (Dr. Esteban Righi, ex guerrillero) ordenó a los mismos que tales hechos no eran delitos de lesa humanidad para los guerrilleros (indagatoria a guerrilleros en el caso por asesinato y secuestro del coronel Larrabure, Rosario, fiscal Paladín).
Señora presidenta: esta nueva escuela de la interpretación del derecho me hace pensar lo que le puede sobrevenir en un futuro no muy lejano; si las leyes no se cumplen a rajatablas, se corre el peligro de que cualquiera pueda dar a la ley una interpretación tipo al uso nostro , peligroso para cualquier ciudadano que viva en este país; incluso, para un presidente.
Lamento, señora presidenta, el tiempo perdido en odios y enfrentamientos ideológicos entre hermanos. Lea el Martín Fierro , que le dirá que "si entre hermanos se pelean/los devoran los de afuera". Ejemplos, Brasil, Uruguay, Chile, hoy potencias de gran desarrollo en los últimos años. En vez de gobernar, usted y su marido se la pasaron peleando con la Iglesia, con el campo, con los uruguayos, los españoles, los italianos, el FMI; usurpando la ANSES, cajas de jubilaciones, Pami, reservas del Banco Central; los partidos políticos, con el vicepresidente, etc.
Creo que, como ciudadano de la Nación y en democracia, tengo el derecho de expresarme.
-Humberto Luis F. Adalberti
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